Cómo se gestó la caída del fondo que dañó a LarrainVial
A través de las diversas declaraciones prestadas ante la CMF o la Fiscalía por los intervinientes en este caso, es posible seguir la pista de qué sucedió con el Fondo Capital Estructurado I.
Por: Azucena González | Publicado: Martes 24 de diciembre de 2024 a las 07:36 hrs.
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La semana pasada, una verdadera bomba cayó sobre LarrainVial (LV), luego que la Fiscalía anunciara que ocho altos directivos y ejecutivos de la firma serán formalizados el 13 de enero de 2025.
Todo lo anterior, en el marco de la confección del Fondo Capital Estructurado I con el que se iban a pagar las deudas de Antonio Jalaff, el que ya había levantado las alertas de la CMF, y que tiene formulado cargos en contra de varios de ellos.
A través de las diversas declaraciones prestadas ante la CMF o la Fiscalía por los intervinientes en este caso, es posible seguir la pista de qué sucedió con el Fondo Capital Estructurado I.
“Ellos llegaron con la solución”
Había una relación comercial de larga data, pues según describió el socio y director de Finanzas Corporativas de LV, Felipe Porzio, la relación con Grupo Patio (GP) nació en 2017, cuando en conjunto compran la gestora GRI.
Luego, LV había asesorado a GP en cuatro colocaciones de bonos entre 2019 y 2020 (a Patio Comercial) y adicionalmente los había asesorado en la compra de un outlet de VivoCorp, operaciones en que la contraparte eran Álvaro Jalaff, Cristián Menichetti, Pablo Manríquez y Cristián Cahe, todos de GP.
Y que fue en junio de 2022 que se les acercó Álvaro Jalaff y Cristián Menichetti para contarle a Porzio y a Manuel Bulnes que acababan de saber de la situación de Antonio Jalaff, que había acumulado una deuda grande de unas UF 700 mil. Ellos propusieron que, considerando que Jalaff tenía patrimonio -indirectamente el 7% en GP-, disponer de eso para pagar deudas.
“Ellos llegaron con la solución, ellos pidieron un fondo público desde el principio”, dijo Porzio.
“La cagué y se puso a llorar”
Cristián Menichetti Pilasi, en ese entonces gerente de Operaciones de GP -hoy ya renunciado-, explicó en su relato que, en noviembre de 202, tuvo antecedentes por primera vez de la deuda de Antonio Jalaff, por lo que decidió comunicarlo, entre noviembre y diciembre de 2021 a un comité ejecutivo de GP -que estaba integrado por Antonio y Álvaro Jalaff, Cristián Cahe (vicepresidente de Finanzas), Pablo Manríquez (gerente comercial), y el mismo Menichetti-, por los efectos de tener un gerente que estaba en un problema de endeudamiento. Antonio Jalaff era vicepresidente ejecutivo en ese entonces.
Para marzo de 2022, expuso Menichetti, toman conocimiento de nuevos acreedores que buscan que GP pagara. Aparecieron acreedores como Tanner y Factop, y con deudas por unos $ 30 mil millones de Antonio Jalaff, decidieron que había que “aislar a Antonio de las funciones de ejecutivos”, renunciando y saliendo de la administración, en abril de 2022.
Según Menichetti, también en marzo de 2022, solicitó en el comité ejecutivo que todos transparentaran su situación patrimonial, en una lógica de buen gobierno corporativo, arribando a que ninguno tenía una situación de deudas.
Sin perjuicio de que expost -dijo Menichetti- supo que la contabilidad de los miembros del comité la llevaba SIBO y que existía un chat entre Marcelo Medina (histórico contador de GP) y Álvaro Jalaff en el que se consultaba cómo se mostraría su situación patrimonial.
“Ahora, sé que lo que mostró Álvaro Jalaff en esa presentación no mostró su situación patrimonial real, no informó todo”, dijo.
Según su relato, Antonio o Álvaro decidieron la incorporación de LarrainVial como asesor de San Antonio, sociedad ligada a Antonio Jalaff.
“Las personas que participaron en esas conversaciones y análisis de alternativas estuvieron Manuel Bulnes, Felipe Porzio, Matías Vial y Claudio Yáñez”, apuntó Menichetti, haciendo el punto que LV tuvo “una participación de buena fe”, y que GP “tenemos una serie de fondos comunes (ocho) con LV”.
Según Menichetti, tras evaluarse una serie de alternativas reorganización, liquidación de activos, que su familia le comprara a él su porcentaje o armar un fondo-, “la toma de la decisión fue del dueño del patrimonio, Antonio Jalaff”, dijo, precisando que la relación con los acreedores la llevaba Francisco Feres y Marcelo Medina.
Menichetti continúa su relato indicando que se percata de que hay un problema mucho más grande solo en agosto de 2023, a propósito de la ampliación de la querella presentada por Rodrigo Topelberg en contra de Antonio y Álvaro Jalaff.
“Yo nunca conocí que existieran facturas ni que existieran facturas ideológicamente falsas, esto solo lo conocí en agosto de 2023. Lo que pasó es que se nos ocultó información o se nos mintió respecto del origen de las deudas de Antonio”, dijo, asegurando que desde LV nadie tenía idea de la realidad de las facturas.
En el detalle, cuenta que en agosto de 2023 estaban en una planificación estratégica de GP cuando apareció la querella y “Álvaro nos señaló que no sabía”. Y luego, en una reunión con Marcelo Medina, este les dice que “nos mintió y nos engañó porque Álvaro Jalaff me lo pidió”, reproduce.
“En sus palabras él (Marcelo Medina) nos dijo ‘la cagué’ y se puso a llorar”, dijo Menichetti, apuntando a un hecho de noviembre de 2023, después del audio.
“Antonio Jalaff fue compañero mío en el colegio. En los últimos cinco años fuimos socios en sociedades inversionistas de GP, éramos socios y trabajábamos juntos. Mirado hoy día para atrás, habiendo revisado las comunicaciones y la forma en que se referían hacia mí, claramente ellos no eran mis amigos. Yo sí los consideraba mis amigos”.
En su versión, quien contactaba a acreedores era Antonio y/o Felipe Porzio para ofrecer la participación en el fondo, y apunta a que, en su visión, LV fue “bien prolijo”, pues se estaba tomando un valor del GP del último aumento de capital, de abril de 2022, en que había entrado un tercero independiente, en referencia a Franco Mellafe Angelini, que entró con un valor de GP de UF 18,2 millones de, quedando post aumento de capital en UF 19,3 millones. Y que fue San Antonio quien contrató a STF para hacer la colocación de la serie B y se estableció que debía haber firmado un “acuerdo privado” de cada inversionista con STF.
El “contrato espejo”
Según dijo Porzio, él se reunió con varios acreedores, mencionando al factoring Nuevo Capital, con Gabriel Ruiz Tagle, Laurence Golborne y Vittorio Arrigoni, que no quisieron participar del fondo, lo mismo que Fintrust, que querían ir por la vía judicial.
Y luego menciona una reunión, de agosto de 2022, con Factop y STF. “Estuvo presente Daniel Sauer, Luis Flores, Álvaro Jalaff (…) Yo no conocía a ninguno de los dos (Sauer y Flores)”, dijo Porzio, señalando que STF -en ese tiempo una corredora regulada por la CMF y aprobada por la Bolsa, donde transaba valores- planteó que ellos tenían carteras de clientes que administraban y que con ese dinero podían comprar acreencias porque ellos querían ser accionistas de GP.
“Luis Flores manifestó que clientes de alto patrimonio en STF estaban interesados en invertir dinero en el fondo para así participar en la propiedad de GP (…) Se nos planteó la posibilidad de crear una serie B y que el fondo con dicho dinero comprara otras acreencias a otros acreedores de San Antonio”.
Ante la CMF, Luis Flores, el exgerente general de STF Capital, declaró que, dado el momento de tasas muy altas en aquel tiempo, la gente no iba a querer tomar riesgo de renta variable. Entonces “se plantea” que STF entregara a los aportantes de esa serie un “contrato privado” que cambiara la estructura de renta variable a renta fija, lo que daría una mayor probabilidad de éxito de la colocación.
Y ahí expuso la existencia de un “contrato espejo”. Por un lado, un contrato privado entre el aportante con STF, en el cual la corredora se comprometía en un plazo de dos años a entregarle un retorno de UF +10% anual a todos los que hubieran estado en el período, y el aportante podía solicitar a STF la recompra de sus cuotas, porque la sociedad Monterrey (Antonio Jalaff) firmaba un contrato espejo con STF para recomprar esas cuotas, que aseguraba la salida del aportante.
Según Flores, dejó de hablar con Cristián Menichetti, porque tras la suspensión de STF no quiso tener relación con gente de STF y porque en una reunión la oficina de abogados que representaba a Inversiones Monterey “niegan la existencia del contrato espejo (…) y nos amenazan de ejecutar acciones civiles o penales. Ese es el momento en que yo dejo de tener relación con Cristián Menichetti (…) Él nos gritó y nos dijo que nunca había participado en esto”, aseguró Flores en su testimonio.
El “círculo” de pagos
Según Flores, STF constantemente sufría bajas patrimoniales producto de retiros de plata y pérdidas por operaciones de los controladores, entonces para solucionar la deuda que Factop e Inversiones Guayasamín (Sauer) tenían con la corredora.
“STF iba a ser el agente colocador del Fondo Capital Estructurado I para que Inversiones San Antonio pagara sus acreencias a los distintos actores del mercado incluido Factop y a su vez Factop se comprometía a pagar la deuda que tenía con STF en su cuenta mercantil”, dijo.
A mayor abundamiento expuso: “El círculo comenzaba con que STF compraba cuotas del fondo para su cartera propia o para clientes, cuando comprábamos cuotas LVA recaudaba esos recursos y se los entregaba a San Antonio, o se compraban las acreencias de San Antonio, LVA les pagaba a los acreedores de San Antonio, entre esos acreedores estaba Factop, cuando éste obtenía sus recursos pagaba sus deudas a STF”, dijo Flores.
En otro pasaje profundiza en el rol de Daniel Sauer a este respecto: “Su intención era que este fondo pagara acreencias de Inversiones San Antonio, esas en parte eran Factop y a su vez Factop le debía a STF el uso de la cuenta corriente mercantil. Es decir, el interés de Daniel Sauer era pagar deudas a STF y a otros acreedores con la colocación de la serie B del fondo”.
Y apuntó a que Daniel Sauer “no tiene el conocimiento del mercado de capitales como para estructurar, emitir o distribuir un fondo”, por lo que la estructuración estuvo a cargo de LarrainVial junto a la gente de Inversiones San Antonio y a STF le correspondió colocarlo.
Según Menichetti, él no definió a qué acreedores se les iba comprando la deuda, hacía el seguimiento de la estructura. “Yo no tomé ninguna decisión respecto de qué acreedor se le pagaría la deuda”, dijo, mencionando que en Inversiones Patio y El Guindo “los controladores son los hermanos Jalaff, por lo tanto, las decisiones con respecto a si aceptaban la propuesta del pago de la deuda a través del fondo la deben haber tomado ellos, yo soy accionista minoritario”, dijo.
Y agregó: “LV no me planteó ningún tema de conflicto de interés a principio de pago de deudas de sociedades intermedias. Luego de ejecutado, mucho tiempo después, me lo plantearon, pero yo no vi el problema (…) todos los acreedores tuvieron derecho a participar del mismo (del fondo) Cuando se hizo el certificado del pasivo se le pidió la información a la gente de SIBO. El equipo de asesores lo hizo en la buena fe”.
¿Qué recibió STF?
“Por este proceso de colocación del fondo STF Capital recibe de Inversiones Monterey dos pagos, el primero de $ 350 millones +IVA, pero no en efectivo, sino que en cuota de la misma serie B. Este pago corresponde a la comisión de colocación. Y el segundo pago que recibe STF es de $ 1.000 millones, equivalentes al retorno de UF +10% que Inversiones Monterey mandataba a STF para pagar a los aportantes del fondo a los dos años de cumplido el fondo. Este pago tampoco se realizó en efectivo, sino que se pagó en cuotas serie A del fondo, las que pasaron a ser parte del patrimonio de STF en marzo de 2023”.
Según Flores, la inversión agregada que hicieron unos 50 clientes fue de aproximadamente $ 4.300 millones, en operaciones hechas entre el 27 de enero de 2023 y el 22 de marzo de 2023. A los dos días vino la suspensión de STF por parte de la CMF.
Qué dijeron ante la CMF los directores de LVA
Andrés Bulnes: “Vi que había un activo subyacente más que suficiente para pagar”
“Yo vi que había un activo subyacente más que suficiente para pagar la deuda de esa sociedad. Esa fue la razón de negocio de mi decisión de aprobar este fondo”.
“En retrospectiva, y si conociera el futuro, si supiera que STF iba a ser multado y suspendido por la CMF, conociera los distintos casos que han salido en prensa (Factop y la relación que tenía con STF y esta con los señores Jalaff, el caso Audios) obviamente que no me gustaría haber tenido este fondo en nuestra cartera”.
Jaime Oliveira: “Falló STF. Todos somos víctimas de estos señores”
“En este caso falló STF. Yo creo que, si esto se hubiese hecho con cualquier otra corredora, no estaríamos hablando de esto. Yo creo que todos nosotros somos víctimas de estos señores. Me refiero a nosotros, a sus clientes, a ustedes (la CMF). Si nosotros hubiéramos sabido lo que ellos hacían no habríamos ido adelante”, dijo.
“Yo creo que no tuve disponible la información de que el señor Menichetti era acreedor indirectamente de los Jalaff. Eso podría haber sido relevante en la evaluación del conflicto de interés que puede haber”.
Andrea Larraín: “Con respecto a STF y Factop, me enteré por la prensa quiénes eran los socios”
“Por la serie A, los principales aportantes eran Nuevo Capital, Nanomed, STF y Factop, ellos aportaron sus acreencias. Con respecto a STF y Factop, me enteré por la prensa quiénes eran los socios. Con respecto a Nuevo Capital y Nanomed, desconozco a los dueños. No conocía a ninguno de los dueños de esas sociedades al momento de aprobar el fondo”.
“No lo contratamos como agente colocador. STF actuaba como administrador de cartera y cartera propia, lo que no creo lo convierta en agente colocador”.
José Correa: “Solicitamos una serie de requisitos”
“Solicitamos una serie de requisitos. Primero, que el fondo fuera para inversionistas calificados. Segundo, que contásemos con una nómina de las deudas auditadas por un auditor externo registrado ante la CMF, ya que el deudor no tiene estados financieros auditados. Tercero, que la valorización de estas deudas las efectuase un valorizador externo, no solo para las deudas que iban a ser aportadas en especie -que es lo que exige la ley-, sino también las deudas que iban a ser compradas por el fondo. Cuarto la validación de los créditos por parte de nuestros abogados eternos. Y quinto, el acuerdo de conversión que fuera conocido por todos los aportantes”.
Sebastián Cereceda: “Existían riesgos inherentes a una situación de iliquidez”
“Si bien existía una razón de negocios en la creación de este fondo, para la AGF era evidente que existían riesgos inherentes a una situación de iliquidez”.